La Constitución Española en su artículo 33 reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia, cuyo contenido estará delimitado por su función social, y que nadie puede ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto en las leyes.

Para garantizar los derechos de los ciudadanos ante las actuaciones de las administraciones públicas se han previsto los trámites de participación ciudadana mediante procesos de información pública, en cumplimiento de los artículos 18 y 19.1 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, y artículos concordantes de su Reglamento (Decreto de 26 de abril de 1957).